Indice General

Introducción

I. El Perfil de la Institución Museística


II La Proyección Museística

III. El Registro e Inventario de Colecciones

IV. La Conservación del Museo

V. Museografía

VI. La Infraestructura Física de Museos

VII. Bibliografía

 



Aspectos legales

Una agenda que incluya el conocimiento jurídico básico relativo al proceso de constitución y vida de una entidad, en este caso específicamente museístico, podría perfectamente limitarse a seis puntos que los directores y administradores de un ente de esta especie, deben conocer, no necesariamente en profundidad, pues para eso existen los Consultores y Asesores Jurídicos, pero así al menos elementalmente.

De todas formas, la cotidianidad en la solución de cierto tipo de problemas jurídicos, cuya solución se encuentra siempre en la lógica (el Derecho es esencialmente lógico), va paulatinamente acrecentando el acervo de ese manejo jurídico de las situaciones y con relativa poca práctica se aprenden los elementos básicos para la toma de decisiones acertadas.

Desde luego, como en el caso del médico, la consulta al abogado es siempre necesaria pues, a veces, ante un problema se presenta una solución "lógica" lo que no significa que sea, en determinadas circunstancias, la recomendable, pues las soluciones jurídicas suelen venir matizadas de otro tipo de consideraciones que, a veces, es preciso ponderar, para decidir acertadamente.

Los puntos básicos que arriba aludimos son los relativos a:

I. Formas jurídicas escogibles para crear una institución museística.
Respecto a este primer punto, los museos pueden escoger para su conformación, en principio, cualquier forma jurídica de derecho privado. Por cuanto muy rara vez el interés de una institución museística va a ser el lucro, automáticamente quedan excluidas las formas de derecho mercantil (sociedades anónimas, etc.) y las de derecho civil como la sociedad civil con fines de lucro.

Las formas preferidas son las fundaciones y las sociedades civiles sin fines de lucro. Más raramente las asociaciones civiles, aún cuando es preciso señalar que muchas sociedades civiles sin fines de lucro suelen denominarse "asociaciones". En lo que sigue, vamos a referirnos casi exclusivamente a las fundaciones, por ser la forma más socorrida y porque en el fondo, a los efectos de este estudio hay prácticamente identidad con la sociedad civil sin fines de lucro.

Casi siempre es el Estado, como supremo responsable de la difusión de la cultura, quien genera las fundaciones, y lo hace de una manera tan peculiar que, como se verá más adelante, ha creado una división entre las fundaciones en fundaciones de Estado y fundaciones civiles.

En la actividad museística actual, al menos entre los museos importantes del país, predominan las fundaciones de Estado. Estas se originan en un Decreto del Presidente de la República que marca las líneas generales de la fundación: nombre, personalidad jurídica, duración, ente tutelar, composición de la Junta Directiva y patrimonio. En ese Decreto está la génesis del museo. Aparecido el Decreto en la Gaceta Oficial, comienza, por así decirlo el proceso de gestación del ente.

En la práctica, la Consultoría Jurídica del Conac, que ya ha participado conjuntamente con la Procuraduría General de la República en la elaboración del proyecto del Decreto, elabora el proyecto de Acta Constitutiva y el Proyecto de Estatutos, en los cuales se explanan los elementos mínimos contenidos en el Decreto. Ambos proyectos, Acta y Estatutos se pasan a la Procuraduría que les da forma definitiva y los auténtica ante un Notario.

Hecho esto, la Procuraduría General de la República devuelve los documentos notariados a la Consultoría Jurídica del Conac para que ésta disponga su registro. Por el acto de registro, la fundación adquiere personaría jurídica, vale decir, nace a la vida jurídica.

Para la doctrina dominante, el papel del Estado termina allí, pues en lo sucesivo la fundación se regulará por mismas normas que se regulan las fundaciones civiles y se comportará como tal. Según esta tesis, la fundación pasa a ser un ente de derecho privado, con todas las consecuencias que de allí derivan. Sobre este aspecto insistiremos más adelante.

Parecido esquema de creación se aplica a las fundaciones Estadales, creadas por Decreto del Gobernador y notariadas y registradas por el Procurador de la Entidad Federal y a las fundaciones municipales, decididas por el Alcalde y que deben ser aprobadas mediante acuerdo de la cámara edilicia y, posteriormente, ser registradas.

Aparte de estas fundaciones que podríamos llamar de origen público están las fundaciones de derecho privado en cuya creación participa la voluntad de dos o más personas o, incluso, la de una sola persona, cuando ésta manifiesta su voluntad a través de un testamento. Estas fundaciones se rigen exclusivamente por el Código Civil. Sin embargo, si reciben aportes del Estado quedan obligadas a rendir cuenta a éste por el uso de esos fondos, así como de los provenientes del sector privado.

II El Acta Constitutiva y los Estatutos como eje de la vida jurídica del ente creado.
Tanto en las fundaciones de origen público como en las de origen privado, la columna vertebral de su normativa está en el Acta Constitutiva y en los Estatutos, que contienen normas inviolables para directores y administradores, tanto como para miembros.

Para las fundaciones civiles hay que agregar las pocas normas que sobre la materia trae el Código Civil. Sin embargo, ya se ha dicho, si este tipo de fundaciones recibe subvenciones del Estado (entes públicos y fundaciones de Estado, reza el artículo 22 del Decreto 677 al cual examinaremos más abajo) está obligada a relacionar esos aportes y de los que reciba del sector privado y a dar cuenta del uso de esos dineros.

III. Naturaleza jurídica del ente creado y normativa jurídica.
Como antes se dijo, es criterio dominante, incluso en la Procuraduría General de la República que las fundaciones de Estado, una vez registradas pasan a ser entes de derecho privado. No obstante, es preciso observar lo relativo de esta posición doctrinaria.

Así, el ya mencionado Decreto 677 del 21 de junio de 1985 (Normas sobre las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado y el control de los aportes públicos a las instituciones privadas similares). En el artículo 2do letra e), por ejemplo, hay una "pista" de lo que debe entenderse por fundación de Estado: aquellas constituidas o dirigidas por los entes públicos señalados en los literales precedentes en el mismo artículo. En el Título II del Decreto hay toda una regulación completa y detallada de las fundaciones de Estado y su manejo.

Así, en el Capítulo 1, artículo 4to hay una definición de lo que debe entenderse por tales: aquellas en cuyo acto de constitución haya participado cualquiera de los entes públicos señalados en el artículo 2do del Decreto de manera que su aporte inicial se haya constituido con más de un 50% de aportes públicos o cuando el patrimonio de la fundación pase a estar integrado, en la misma proporción por partes públicos.

Esto último significa que una fundación originalmente privada puede devenir en fundación del Estado, vale decir, recorrer el camino inverso del que señala la doctrina dominante. La sección primera del Capítulo I bajo comentario, señala que en la administración de la fundaciones de Estado debe prevalecer el voto de quienes representan a las entidades públicas. Dichos personemos son de libre nombramiento y remoción por parte del ente público al cual se haya asignado la tutela de la fundación.

Si la fundación de Estado desea modificar sus Estatutos, no puede hacerlo sin el consentimiento del ente que el Decreto de creación le ha impuesto como ente tutelar. Más aún, si la fundación desea cambiar su objeto, requiere autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

La sección segunda del Capítulo regula el control de las fundaciones de Estado. El presupuesto, por ejemplo, está sometido a las normas de la OCEPRE: la fundación debe informar todo cuanto hace en esta materia al ente tutelar y éste ejerce un riguroso control sobre los actos de la fundación de Estado, pues supervisa, evalúa y coordina el presupuesto, aparte de remitir el informe anual del ejercicio de la fundación al Ministerio de Hacienda.

Esta situación difiere notoriamente de las fundaciones civiles que no tienen que consultar a nadie. Resulta así una diferencia bien importante entre ambas categorías de fundaciones dada, precisamente, por la intervención del Estado, incluso en sus más altos niveles, que relativiza la afirmación iusprivatista de que después de registrada una fundación de Estado, pasa a ser un ente de derecho privado.

Pero no paran aquí las limitaciones: la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (LOSPP) (Gaceta Oficial No. 3.077 Extraordinaria del 23/12/82) considera, para los efectos de dicha ley, que los administradores y directores de las fundaciones de Estado son funcionarios públicos cuando el capital estuviese integrado en más de un 50% con aportes de entidades públicas, lo que equivale decir todas las fundaciones de Estado (artículo 2do, numeral 2, en concordancia con el artículo 4to de la LOSPP). Otras normas de carácter presupuestario y administrativo regulan la vida de las fundaciones de Estado. Exempli gratia, vale la pena mencionar la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario (Gaceta Oficial No 35.059 del 29/09/92), cuyo artículo 1ro, numeral 6 y artículos 52 y siguientes, regulan las actividades de las fundaciones de Estado.

La Ley Orgánica de Crédito Público (Gaceta Oficial No. 35.077 del 26/10/92) regula las operaciones de crédito que pretendan realizar las fundaciones de Estado (artículo 2do, numeral 4; nótese acá un cambio: generalmente los textos legales citados y por citar hablan de las fundaciones creadas o administradas por entes públicos. El artículo mencionado sustituye la conjunción disyuntiva o por la copulativa y, con lo cual hace concurrentes los elementos de creación y administración).

Las leyes de Presupuestos para los ejercicios anuales también regulan las fundaciones de Estado, por ejemplo en la Ley de 1993 (Gaceta Oficial No. 4.498 Extraordinaria del 10/12/92) en el artículo 1Omo parágrafo tercero. En el Decreto 326 del 31 de mayo de 1989 (Gaceta Oficial No. 34.272 del 31/07/89) en su artículo 1ro se incluyen a las fundaciones de Estado dentro de las prohibiciones allí contenidas. Otro tanto ocurre: en el Decreto 2287 (Gaceta Oficial No. 34.993 del 26/06/92) sobre prohibición de creación de nuevos cargos y congelamiento de las vacantes en ese momento existentes; en el Reglamento Especial No. 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Decreto 591 del 25/04/85, publicado en Gaceta Oficial de la misma fecha); en el instructivo No 25 sobre operaciones financieras de la Administración Pública Nacional y Descentralizada (Gaceta Oficial No. 35.186 del 05/04/93, por mandato de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. La Resolución CG 09 de la Contraloría General de la República (Normas de control interno para entes de la Administración Pública Nacional Descentralizada) (Gaceta Oficial No. 33.124 del 02/05/85) y, por último, last but not least, la Ley del Estatuto sobre jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, artículo 2, numeral 10, aplica a los empleados de las fundaciones de Estado el mismo régimen de jubilación que se aplica a los funcionarios públicos.

Es decir, que los empleados de las fundaciones privadas que reúnan los requisitos de jubilación o pensión pasan, por arte de birlibirloque a ser considerados funcionarios o empleados de la administración pública, después de toda una vida de trabajo en el "sector privado".

Toda esta ya larga lista de disposiciones son traídas a colación para dar a entender que las fundaciones de Estado no son esencialmente civiles después que son registradas. Al menos podemos acusar severas dudas sobre el criterio dominante. Fuera de toda disquisición científica, lo importante es que una institución museística creada bajo la forma de fundación de Estado está sujeta a esta superposición de normas de derecho público y que sus administradores y directores deben tener en cuenta.

IV. Patrimonio del ente.
En cuanto al patrimonio de las fundaciones, en las de Estado suelen incluirse cláusulas del siguiente estilo: el patrimonio de la fundación estará constituido por:

a) Todos aquellos bienes muebles o inmuebles que reciban en calidad de aporte de sus miembros.
b) Los aportes que reciba del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), de otros entes del Ejecutivo Nacional, del Congreso de la República, Institutos Autónomos y otros entes públicos así como aportes provenientes del sector privado.
c) Los bienes que adquiera la fundación con el producto de sus actividades e ingresos propios.
d) Las donaciones que reciba de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Este patrimonio quedará afectado exclusivamente a la realización del objeto de la fundación y al logro de sus fines generales.

Fuera del mobiliario necesario para la operación de la fundación, la parte más importante y delicada de su patrimonio lo constituyen las colecciones que le sean cedidas por el Estado en grupo o unidades, otros entes, por los miembros de la fundación o por particulares, o las que, como consecuencia de aportes recibidos, la misma institución adquiera.

Una salida bastante socorrida en esta materia es la constitución de una sociedad civil privada de amigos del museo. En esto hay que ser extremadamente cuidadoso y el museo para permitir el uso de su nombre en tal sociedad debe garantizar de algún modo una mayoría permanente en la Junta Directiva de tal forma que la sociedad de amigos sirva justamente para trabajar en interés del museo. Podría suceder que una sociedad de este tipo pudiese más bien utilizar el nombre del museo para adquirir obras en beneficio propio sin transferir los bienes al museo, actuando así al contrario de lo que sería precisamente la razón de ser de su existencia.

Las colecciones, piezas, objetos arqueológicos, históricos adquiridos por el Estado son bienes nacionales y para ellos la Ley atribuye la inalienabilidad, es decir, no pueden ser enajenadas de ningún modo. Por ello, la única forma como pueden ser tenidas por terceros (fundaciones de Estado o fundaciones civiles) serían mediante figuras que no transfieran la propiedad, como se verá más adelante.

V. Reformas ulteriores a los actos constitutivos.
En cuanto a la reforma de los instrumentos jurídicos, ello es perfectamente posible. Unos Estatutos bien elaborados podrían, en un momento determinado, ser un obstáculo para determinados modos de actuar como por ejemplo la celeridad.

Se hace así necesario cambiarlos y ello es posible mediante disposición del órgano (Asamblea, Junta Directiva) que al efecto se prevea en los Estatutos, con entera libertad, salvo las limitaciones comentadas respecto de las fundaciones de Estado (Vid. supra punto III). Con los textos reformados debe procederse a su registro para que tengan validez frente a terceros, lo que en derecho suele decirse erga omnes.

VI. Terminación de la vida jurídica del ente y sus consecuencias.
Finalmente, es preciso decir que las fundaciones aunque estatutariamente pueden concebirse por una duración ilimitada o por muchos años, pueden morir por las mismas razones las demás personas morales.

Por decisión de sus miembros, por ejemplo, porque el museo perdió apoyo financiero y se hace insostenible la continuación del pago de su nómina o la contratación de trabajos de mantenimiento, o restauración de su colección, por fusión con otra entidad museística, lo cual implica la desaparición de las entidades que se funden y el surgimiento de una tercera y, en el caso de las fundaciones de Estado, por decisión del Ejecutivo Nacional, mediante Resolución Ministerial que se publicará en la Gaceta Oficial donde se señalará el destino que se dará a los bienes que constituían el patrimonio de la fundación que desaparece. Después de finalizada la vida de la fundación, el Estatuto, en el caso de fundaciones civiles, puede prever lo que se hará con los bienes que integraban su patrimonio vender- los, subastarlos, donarlos, etc. Pero en el caso de las fundaciones de Estado, las colecciones y demás propiedades
revierten al Estado, pues a nuestro modo de entender tratándose de bienes que han sido obtenidos por cualquier modo de adquisición por el Estado (vale decir, bienes nacionales) ellos son intransferibles a terceros y sólo puede verificarse respecto de ellos lo que los franceses llaman la mutation démaniale lo que libremente pudiéramos traducir como transmisión del dominio.

 

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